Capítulo 14 · 30 min de lectura · 39 min de escucha
Las máximas de los jesuitas sobre el homicidio
A los reverendos padres jesuitas.
23 de octubre de 1656.
Reverendos padres: Si solo tuviera que responder a las tres acusaciones que quedan sobre el homicidio, no haría falta un largo discurso, y enseguida las veréis refutadas en pocas palabras; pero como considero mucho más importante inspirar al público horror por vuestras opiniones sobre esta materia que justificar la fidelidad de mis citas, me veré obligado a dedicar la mayor parte de esta carta a la refutación de vuestras máximas, para mostraros hasta qué punto os habéis apartado de los sentimientos de la Iglesia, y aun de la naturaleza misma. Los permisos para matar que habéis concedido en tan gran variedad de casos dejan bien claro que habéis olvidado de tal modo la ley de Dios y apagado la luz de la naturaleza, que es preciso remitiros a los principios más sencillos de la religión y del sentido común.
¿Qué dictado de la naturaleza puede haber más claro que este: «ningún particular tiene derecho a quitar la vida a otro»? «Tan bien lo aprendemos por nosotros mismos», dice san Juan Crisóstomo, «que Dios, al dar el mandamiento de no matar, no añadió como razón que el homicidio era un mal; porque», dice aquel Padre, «la ley supone que la naturaleza ya nos ha enseñado esa verdad». Por eso este mandamiento ha obligado a los hombres en todas las épocas. El Evangelio ha confirmado lo que exigía la ley; y el decálogo no hizo más que renovar el mandato que el hombre había recibido de Dios antes de la ley, en la persona de Noé, de quien descienden todos los hombres. En aquella renovación del mundo, Dios dijo al patriarca: «De mano del hombre, y de mano de todo hermano suyo, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre». (Gén. ix. 5, 6.) Esta prohibición general priva al hombre de todo poder sobre la vida del hombre. Y de tal modo se ha reservado el Todopoderoso esta prerrogativa en su propia mano que, conforme al cristianismo, que está en total oposición con las falsas máximas del paganismo, el hombre no tiene poder ni siquiera sobre su propia vida. Pero, como ha placido a su providencia tomar bajo su protección la sociedad humana y castigar a los malhechores que la perturban, él mismo ha establecido leyes para quitar la vida a los criminales; y así, esas ejecuciones que, sin su aprobación, serían atentados punibles, se convierten, en virtud de su autoridad, que es la regla de la justicia, en penas dignas de alabanza. San Agustín considera admirablemente esta materia. «Dios», dice, «ha limitado él mismo esta prohibición general de matar, tanto por las leyes que ha instituido para la pena capital de los malhechores como por las órdenes particulares que a veces ha dado de dar muerte a ciertas personas. Y cuando en tales casos se da la muerte, no es el hombre quien mata, sino Dios, del cual el hombre puede considerarse solo como el instrumento, del mismo modo que una espada en la mano de quien la empuña. Pero, exceptuados estos casos, cualquiera que mata incurre en la culpa de homicidio».
Resulta, pues, padres, que el derecho de quitar la vida al hombre es prerrogativa exclusiva de Dios, y que, habiendo ordenado leyes para dar muerte a los criminales, ha constituido a los reyes o a las repúblicas depositarios de ese poder; verdad que nos enseña san Pablo cuando, hablando del derecho que los soberanos tienen sobre la vida de sus súbditos, lo hace derivar del cielo con estas palabras: «No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo». (Rom. xiii. 4.) Pero así como es Dios quien ha puesto este poder en sus manos, así les exige que lo ejerzan del mismo modo que él lo ejerce; es decir, con perfecta justicia, según lo que observa san Pablo en el mismo pasaje: «Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno; porque es servidor de Dios para tu bien». Y esta restricción, lejos de rebajar su prerrogativa, la eleva, por el contrario, más que nunca; pues así se asemeja a la de Dios, que no tiene poder para hacer el mal, pero es todopoderoso para hacer el bien; y así se distingue de la de los demonios, que son impotentes para el bien y poderosos solo para el mal. Solo hay esta diferencia que observar entre el Rey del cielo y los soberanos de la tierra: que Dios, siendo la justicia y la sabiduría mismas, puede dar la muerte al instante a quien quiera y del modo que quiera; pues, además de ser el Señor soberano de la vida humana, es cierto que nunca la quita sin causa ni sin juicio, porque es tan incapaz de injusticia como de error. Los potentados de la tierra, en cambio, no tienen libertad para obrar así; porque, aunque son ministros de Dios, no dejan de ser hombres, y no dioses. Pueden ser extraviados por malos consejos, irritados por falsas sospechas, arrebatados por la pasión; y por eso se ven obligados a recurrir, a su vez, a medios humanos, y a nombrar en sus dominios magistrados en quienes delegan su poder, para que la autoridad que Dios les ha otorgado se emplee únicamente para el fin con que la recibieron.
Espero, pues, que entendáis, padres, que para evitar el crimen de homicidio hemos de obrar a la vez con la autoridad de Dios y según la justicia de Dios; y que, cuando estas dos condiciones no van unidas, se comete pecado, ya sea quitando la vida con su autoridad pero sin su justicia, ya quitándola con justicia pero sin su autoridad. De esta conexión indispensable se sigue, según san Agustín, «que el que, sin la debida autoridad, mata a un criminal, se hace él mismo criminal, principalmente porque usurpa una autoridad que Dios no le ha dado»; y, por otra parte, los magistrados, aunque poseen esta autoridad, son sin embargo culpables de homicidio si, contra las leyes que están obligados a seguir, dan muerte a un inocente.
Tales son los principios de la seguridad y la tranquilidad públicas que se han admitido en todos los tiempos y en todos los lugares, y sobre los cuales todos los legisladores, sagrados y profanos, desde el principio del mundo, han fundado sus leyes. Ni siquiera los paganos se atrevieron nunca a hacer una excepción a esta regla, salvo en los casos en que no había otro modo de evitar la pérdida de la castidad o de la vida, cuando pensaron, como nos dice Cicerón, «que la ley misma parecía poner sus armas en manos de quienes se hallaban en semejante aprieto».
Pero, fuera de esta única excepción, que nada tiene que ver con mi propósito presente, que se haya promulgado jamás una ley que autorizara o tolerara, como vosotros lo habéis hecho, la práctica de dar muerte a un hombre para vengar una injuria, o para evitar la pérdida de la honra o de los bienes, cuando al mismo tiempo la vida no está en peligro; eso, padres, es lo que niego que se haya hecho nunca, ni siquiera por los infieles. Al contrario, han prohibido esa práctica del modo más expreso. La ley de las Doce Tablas de Roma disponía «que no es lícito matar a un ladrón de día, cuando no se defiende con armas»; lo cual, por cierto, ya se había prohibido mucho antes en el capítulo 22 del Éxodo. Y la ley Furem, en la Lex Cornelia, que está tomada de Ulpiano, prohíbe matar a los ladrones aun de noche, si no ponen en peligro nuestra vida.
Decidnos ahora, padres, con qué autoridad permitís lo que todas las leyes, tanto humanas como divinas, han prohibido; y quién dio a Lessius derecho a usar el siguiente lenguaje: «El libro del Éxodo prohíbe matar a los ladrones de día, cuando no emplean armas en su defensa; y en un tribunal de justicia se castiga a los que matan en estas circunstancias. En conciencia, sin embargo, no puede imputarse culpa alguna a esta práctica cuando uno no está seguro de poder recobrar de otro modo los bienes robados, o tiene duda sobre ello, como dice Soto; porque no está obligado a correr el riesgo de perder parte alguna de sus bienes solo por salvar la vida de un ladrón. El mismo privilegio se extiende aun a los clérigos». ¡Qué extraordinario atrevimiento! La ley de Moisés castiga a los que matan a un ladrón cuando este no amenaza nuestra vida, ¡y la ley del Evangelio, según vosotros, los absolverá! ¡Cómo, padres! ¿Ha venido Jesucristo a abrogar la ley, y no a cumplirla? «El juez civil», dice Lessius, «castigaría a los que mataran en tales circunstancias; pero en conciencia no puede imputarse culpa alguna al hecho». ¿Hemos de concluir, pues, que la moral de Jesucristo es más sanguinaria y menos enemiga del homicidio que la de los paganos, de quienes nuestros jueces han tomado las leyes civiles que condenan ese crimen? ¿Hacen los cristianos más caso de los bienes de esta tierra, y menos caso de la vida humana, que los infieles y los idólatras? ¿En qué principio os fundáis, padres? Ciertamente no en ley alguna que jamás haya promulgado Dios o el hombre; en nada, en verdad, sino en este razonamiento extraordinario: «Las leyes», decís, «nos permiten defendernos de los ladrones y repeler la fuerza con la fuerza; luego, estando permitida la defensa propia, se sigue que el homicidio, sin el cual la defensa propia es a menudo impracticable, puede considerarse también permitido».
Es falso, padres, que, porque se permita la defensa propia, pueda permitirse también el homicidio. Este bárbaro modo de defenderse está en la raíz de todos vuestros errores, y la Facultad de Lovaina lo ha estigmatizado con justicia, en su censura de la doctrina de vuestro amigo el padre Lamy, como «una defensa homicida—defensio occisiva». Sostengo que las leyes reconocen tan gran diferencia entre el homicidio y la defensa propia que, en esos mismos casos en que autorizan la segunda, han puesto un freno al homicidio cuando la persona no corre peligro de perder la vida. Leed las palabras, padres, tal como se encuentran en el mismo pasaje de Cujas: «Es lícito rechazar a quien viene a invadir nuestros bienes; pero no se nos permite matarlo». Y también: «Si alguno amenazara con golpearnos, y no con quitarnos la vida, es del todo lícito rechazarlo; pero es contra toda ley darle muerte».
¿Quién os ha dado, pues, derecho a decir, como han dicho Molina, Reginaldo, Filiutius, Escobar, Lessius y otros de entre vosotros, «que es lícito matar al que intenta darnos una bofetada»? o «que es lícito quitar la vida al que quiere injuriarnos, por consentimiento común de todos los casuistas», como dice Lessius. ¿Con qué autoridad vosotros, que sois meros particulares, conferís a otros particulares, sin exceptuar a los clérigos, este derecho de matar y degollar? ¿Y cómo os atrevéis a usurpar el poder de vida y muerte, que esencialmente no pertenece a nadie sino a Dios, y que es la señal más gloriosa de la autoridad soberana? Estos son los puntos que exigen explicación; y sin embargo creéis haber dado una respuesta triunfal a todo con solo observar, en vuestra decimotercera Impostura, «que el valor por el que Molina permite matar a un ladrón que huye sin habernos hecho violencia alguna no es tan pequeño como yo he dicho, ¡y que ha de ser una suma mucho mayor que seis ducados!». ¡Qué extremada simpleza! Decidme, padres, ¿dónde queréis que se fije el precio? ¿En quince o dieciséis ducados? No penséis que eso rebajará en nada mis acusaciones. En todo caso, no podéis hacer que exceda el valor de un caballo; porque Lessius opina claramente «que podemos matar lícitamente al ladrón que huye con nuestro caballo». Pero he de deciros, además, que tenía toda la razón cuando dije que Molina estima el valor de la vida del ladrón en seis ducados; y, si no queréis creerlo bajo mi palabra, lo someteremos a un árbitro al que no podréis recusar. La persona que escojo para este oficio es vuestro propio padre Reginaldo, quien, en su explicación del mismo pasaje de Molina (l. 28, n. 68), declara que «Molina DETERMINA allí la suma por la que no es lícito matar en tres, o cuatro, o cinco ducados». Y así, padres, tendré a Reginaldo, además de Molina, para respaldarme.
Igualmente fácil me será refutar vuestra decimocuarta Impostura, acerca del permiso de Molina para «matar a un ladrón que intenta robarnos un escudo». Este hecho palpable lo atestigua Escobar, que nos dice «que Molina ha determinado regularmente en un escudo la suma por la que es lícito quitar la vida». Y todo lo que tenéis que imputarme en la decimocuarta impostura es que he suprimido las últimas palabras de este pasaje, a saber, «que en esta materia cada uno debe procurar la moderación de una justa defensa». ¿Por qué no os quejáis de que Escobar haya omitido también mencionar esas palabras? ¡Pero qué poco tino tenéis! Os imagináis que nadie entiende lo que queréis decir con defensa propia. ¿Acaso no sabemos que es emplear «una defensa homicida»? Quisierais persuadirnos de que Molina quiso decir que, si una persona, al defender su escudo, se halla en peligro de perder la vida, entonces puede matar a su agresor para conservarse. Si eso fuera verdad, padres, ¿por qué habría de decir Molina en el mismo lugar que «en esta materia era de parecer contrario al de Carrer y Bald», que permiten matar para conservar la propia vida? Repito, pues, que su sentido evidente es que, si la persona puede salvar su escudo sin matar al ladrón, no debe matarlo; pero que, si no puede lograr su objeto sin derramar sangre, aun cuando no corra riesgo alguno su propia vida, como en el caso de que el ladrón esté desarmado, le es permitido tomar las armas y matar al hombre para salvar su escudo; y que, al hacerlo, según él, la persona no traspasa «la moderación de una justa defensa». Para mostraros que tengo razón, dejad que él mismo se explique: «No excede uno la moderación de una justa defensa», dice, «cuando toma las armas contra un ladrón que no las tiene, o emplea armas que le dan ventaja sobre su agresor. Sé que hay algunos que son de parecer contrario; pero no apruebo su opinión, ni siquiera en el fuero externo».
Así pues, padres, es indudable que vuestros autores han dado permiso para matar en defensa de los bienes y de la honra, aunque la vida esté perfectamente libre de peligro. Y sobre el mismo principio autorizan el duelo, como he mostrado con gran variedad de pasajes de sus escritos, a los que no habéis respondido. En vuestros escritos solo habéis censurado un único pasaje tomado del padre Layman, que autoriza dicha práctica «cuando de otro modo una persona estaría en peligro de sacrificar su fortuna o su honra»; y aquí me acusáis de haber suprimido lo que él añade, «que tal caso sucede muy raramente». Me asombráis, padres: son en verdad curiosas las imposturas que me imputáis. Habláis como si la cuestión fuera si ese caso es raro, cuando la verdadera cuestión es si, en tal caso, el duelo es lícito. Son dos cuestiones muy diferentes. Layman, en su calidad de casuista, debe juzgar si el duelo es lícito en el caso supuesto; y declara que lo es. Nosotros podemos juzgar sin su ayuda si el caso es raro; y podemos decirle que es muy ordinario. O, si preferís el testimonio de vuestro buen amigo Diana, él os dirá que «el caso es sumamente común». Pero, sea raro o no, y concediendo que Layman siga en esto el ejemplo de Navarro, circunstancia en la que tanto insistís, ¿no es vergonzoso que consienta en una opinión como esta: que, para conservar una falsa honra, es lícito en conciencia aceptar un desafío, contra los edictos de todos los Estados cristianos y contra todos los cánones de la Iglesia, mientras que, en apoyo de estas máximas diabólicas, no podéis presentar ni leyes, ni cánones, ni autoridades de la Escritura o de los Padres, ni el ejemplo de un solo santo, ni, en suma, otra cosa que el siguiente silogismo impío: «La honra vale más que la vida; es lícito matar en defensa de la vida; luego es lícito matar en defensa de la honra»? ¡Cómo, padres! Porque la depravación de los hombres los inclina a preferir esa honra ficticia a la vida que Dios les ha dado para consagrarla a su servicio, ¿se les ha de permitir que se maten unos a otros para conservarla? Amar esa honra más que la vida es en sí mismo un mal atroz; ¡y sin embargo esta pasión viciosa, que, propuesta como fin de nuestra conducta, basta para empañar la más santa de las acciones, la consideráis vosotros capaz de santificar las más criminales!
¡Qué trastorno de todo principio hay aquí, padres! ¿Y quién no ve a qué excesos atroces puede conducir? Es evidente, en efecto, que acabará llevando a cometer homicidio por las cosas más insignificantes que se puedan imaginar, cuando se considere que la honra de uno está empeñada en conservarlas; homicidio, me atrevo a decir, aun por una manzana. Podríais quejaros de mí, padres, por sacar de vuestra doctrina consecuencias sanguinarias con intención maliciosa, si no me apoyara por fortuna la autoridad del grave Lessius, que hace la siguiente observación, en el número 68: «No es lícito quitar la vida por un objeto de poco valor, como por un escudo o por una manzana—aut pro pomo—, a menos que se tuviera por deshonroso perderlo. En este caso, uno puede recobrar el objeto, e incluso, si es necesario, matar al agresor; porque esto no es tanto defender los propios bienes como recuperar la propia honra». Esto es hablar claro, padres; y, para coronar vuestra doctrina con una máxima que encierra todas las demás, permitidme citar la siguiente del padre Hereau, que la ha tomado de Lessius: «El derecho de defensa propia se extiende a todo lo que es necesario para protegernos de toda injuria».
¡Qué extrañas consecuencias encierra este principio inhumano! ¡Y cuán apremiante es la obligación que pesa sobre todos, y en especial sobre los que ocupan cargos públicos, de oponerse a él! No solo el bien general, sino su propio interés personal debería moverlos a velar por ello; porque los casuistas de vuestra escuela que he citado en mis cartas extienden sus permisos para matar lo bastante lejos como para alcanzarlos aun a ellos. Los hombres facciosos, que temen el castigo de sus atropellos, los cuales nunca les parecen criminales, se persuaden fácilmente de que son víctimas de una opresión violenta, y se verán inducidos a creer al mismo tiempo «que el derecho de defensa propia se extiende a todo lo que es necesario para protegerse de toda injuria». Y así, libres de tener que luchar contra los frenos de la conciencia, que ahogan en su nacimiento la mayor parte de los crímenes, su única preocupación será vencer los obstáculos externos.
No diré más sobre esta materia, padres; ni me detendré en los otros homicidios, aún más odiosos e importantes para los gobiernos, que autorizáis, y de los que Lessius, al igual que muchos otros de vuestros autores, trata del modo más descarado. Era de desear que estas horribles máximas no hubieran salido nunca del infierno, y que el diablo, que es su autor original, no hubiera encontrado jamás hombres lo bastante entregados a su voluntad como para publicarlas entre los cristianos.
Por todo lo que he dicho hasta aquí, es fácil juzgar qué contraste hay entre la licencia de vuestras opiniones y la severidad de las leyes civiles, sin exceptuar siquiera las de los paganos. ¡Cuánto más evidente ha de ser el contraste con las leyes eclesiásticas, que han de ser incomparablemente más santas que cualesquiera otras, puesto que solo la Iglesia conoce y posee la verdadera santidad! Por eso esta casta esposa del Hijo de Dios, que, a imitación de su esposo celestial, puede derramar su propia sangre por los demás, pero nunca la sangre de los demás por sí misma, siente por el crimen del homicidio un horror del todo singular, y proporcionado a la luz particular que Dios se ha dignado concederle. Ella mira al hombre no simplemente como hombre, sino como imagen del Dios a quien adora. Siente por cada uno de la raza humana un santo respeto que le confiere, a sus ojos, un carácter venerable, como redimido por un precio infinito para ser hecho templo del Dios vivo. Y por eso considera la muerte de un hombre, muerto sin la autoridad de su Hacedor, no solo como homicidio, sino como sacrilegio, por el cual se ve privada de uno de sus miembros; porque, sea creyente o incrédulo, lo mira siempre, si no como uno de sus propios hijos, al menos como capaz de llegar a serlo.
Tales son, padres, las santas razones que, desde que Dios se hizo hombre para la redención de los hombres, han hecho de la condición de estos un objeto de tanta importancia para la Iglesia, que ella castiga siempre el crimen de homicidio, no solo como destructor de ellos, sino como uno de los ultrajes más graves que pueden cometerse contra Dios. En prueba de ello citaré algunos ejemplos, no porque piense que todas las severidades a que me refiero deban mantenerse (pues sé que la Iglesia puede cambiar la disposición de esa disciplina exterior), sino para demostrar su espíritu inmutable en esta materia. Las penitencias que ordena por el homicidio pueden variar según la diversidad de los tiempos, pero ningún cambio de tiempo puede alterar jamás el horror con que mira el crimen mismo.
Durante mucho tiempo la Iglesia se negó a reconciliar, hasta la hora misma de la muerte, a los que habían sido culpables de homicidio voluntario, como lo son aquellos a quienes vosotros dais vuestra aprobación. El célebre Concilio de Ancira los condenó a penitencia durante toda su vida; y después la Iglesia juzgó que era indulgencia suficiente reducir ese plazo a muchísimos años. Pero, para disuadir aún más eficazmente a los cristianos del homicidio voluntario, ha castigado con las penas más severas incluso los actos cometidos por inadvertencia, como puede verse en san Basilio, en san Gregorio de Nisa y en las decretales de los papas Zacarías y Alejandro II. Los cánones citados por Isaac, obispo de Langres (tr. 2. 13), «imponen siete años de penitencia por haber matado a otro en defensa propia». Y vemos a san Hildeberto, obispo de Le Mans, responder a Ivo de Chartres «que había obrado bien al suspender de por vida a un sacerdote que, en defensa propia, había matado a un ladrón con una piedra».
Después de esto, no podéis tener el atrevimiento de seguir diciendo que vuestras decisiones son conformes al espíritu o a los cánones de la Iglesia. Os desafío a que mostréis uno solo de ellos que permita matar únicamente en defensa de nuestros bienes (pues no hablo de los casos en que uno puede verse obligado a defender su vida—se suaqae liberando): vuestros propios autores, y entre otros el padre Lamy, confiesan que no se puede encontrar tal canon. «No hay autoridad alguna», dice, «humana o divina, que dé permiso expreso para matar a un ladrón que no ofrece resistencia». Y sin embargo esto es lo que vosotros permitís del modo más expreso. Os desafío a que mostréis uno solo de ellos que permita matar en defensa de la honra, por una bofetada, por una afrenta o por una calumnia. Os desafío a que mostréis uno solo de ellos que permita matar a testigos, jueces o magistrados, sea cual sea la injusticia que temamos de ellos. El espíritu de la Iglesia es diametralmente opuesto a estas máximas sediciosas, que abren la puerta a las insurrecciones, a las que el populacho ya es bastante propenso por naturaleza. Ella ha enseñado siempre a sus hijos que no deben devolver mal por mal; que deben dejar lugar a la ira; no oponer resistencia a la violencia; dar a cada uno lo que se le debe: honra, tributo, sumisión; obedecer a los magistrados y superiores, aunque sean injustos, porque siempre debemos respetar en ellos el poder de aquel Dios que los ha puesto sobre nosotros. Les prohíbe, con más fuerza aún que la ley civil, tomarse la justicia por su mano; y es conforme a su espíritu que los reyes cristianos se abstienen de hacerlo en los casos de alta traición, y remiten a los criminales acusados de este grave delito a manos de los jueces, para que sean castigados según las leyes y las formas de la justicia, las cuales ofrecen en esta materia un contraste con vuestro modo de proceder tan llamativo y completo que bien puede haceros enrojecer de vergüenza.
Ya que mi discurso ha tomado este giro, os ruego que sigáis la comparación que voy a establecer ahora entre el modo en que vosotros dispondríais de vuestros enemigos y el modo en que los jueces del país disponen de los criminales. Todo el mundo sabe, padres, que ningún particular tiene derecho a pedir la muerte de otro particular; y que, aunque un hombre nos hubiera arruinado, mutilado el cuerpo, quemado la casa, asesinado al padre, y estuviera dispuesto, además, a asesinarnos a nosotros mismos o a arruinar nuestra reputación, nuestra demanda particular de la muerte de esa persona no sería escuchada en un tribunal de justicia. Para ello se han designado funcionarios públicos, que hacen la demanda en nombre del rey, o mejor dicho, en nombre de Dios. Ahora bien, ¿creéis, padres, que los legisladores cristianos establecieron esta norma por pura apariencia y aspaviento? ¿No es evidente que su propósito era armonizar las leyes del Estado con las de la Iglesia, y evitar así que la práctica exterior de la justicia chocara con los sentimientos que todos los cristianos están obligados a abrigar en su corazón? Es fácil ver cómo esto, que constituye el comienzo de un proceso civil, ha de desconcertaros; su procedimiento posterior os abruma por completo.
Supongamos, pues, padres, que estos funcionarios han pedido la muerte del hombre que ha cometido todos los crímenes mencionados, ¿qué se hace a continuación? ¿Le clavarán al instante un puñal en el pecho? No, padres; la vida del hombre es demasiado importante para disponer de ella así; se procede con más decoro; las leyes la han confiado, no a toda clase de personas, sino exclusivamente a los jueces, cuya probidad y competencia han sido debidamente probadas. ¿Y basta un juez para condenar a un hombre a muerte? No; se requieren siete por lo menos; y de esos siete no debe haber uno solo que haya sido agraviado por el criminal, no sea que su juicio se tuerza o se corrompa por la pasión. Sabéis también, padres, que, para asegurar mejor la pureza de su ánimo, dedican a estas funciones las horas de la mañana. Tal es el cuidado que se pone en prepararlos para el acto solemne de entregar a la muerte a un semejante; al realizarlo ocupan el lugar de Dios, de quien son ministros, designados para condenar solo a aquellos que han incurrido en su condenación.
Por la misma razón, para obrar como fieles administradores del poder divino de quitar la vida humana, están obligados a formar su juicio únicamente según las declaraciones de los testigos y según todas las demás formas que se les prescriben; después de lo cual solo pueden pronunciar en conciencia conforme a la ley, y solo pueden juzgar dignos de muerte a aquellos a quienes la ley condena a esa pena. Y además, padres, si el mandato de Dios los obliga a entregar al suplicio los cuerpos de los desdichados reos, el mismo estatuto divino los obliga a velar por el bien de sus almas culpables, y los obliga tanto más a ello precisamente porque son culpables; de modo que no se les entrega a la ejecución sino después de habérseles dado los medios de poner en orden su conciencia. Todo esto es perfectamente justo e inocente; y sin embargo, tal es el horror de la Iglesia a la sangre, que juzga incapaces de servir en sus altares a quienes hayan tenido alguna parte en dictar o ejecutar una sentencia de muerte, aun acompañada de estas circunstancias religiosas; por lo cual podemos concebir fácilmente qué idea tiene la Iglesia del homicidio.
Siendo, pues, este el modo en que las formas legales de la justicia disponen de la vida humana, veamos ahora cómo disponéis de ella vosotros. Según vuestro moderno sistema de legislación, no hay más que un juez, y ese juez no es otro que la parte ofendida. Él es a la vez el juez, la parte y el verdugo. Él mismo se pide a sí mismo la muerte de su enemigo; lo condena, lo ejecuta en el acto; y, sin el menor respeto ni por el alma ni por el cuerpo de su hermano, mata y condena a aquel por quien Jesucristo murió; y todo esto por evitar una bofetada, o una calumnia, o una palabra ofensiva, o alguna otra ofensa de naturaleza semejante, por las cuales, si un magistrado, en el ejercicio de una autoridad legítima, condenara a alguien a morir, él mismo sería procesado; porque, en tales casos, las leyes están muy lejos de condenar a nadie a muerte. En una palabra, para coronar toda esta extravagancia, el que mata a su prójimo de este modo, sin autoridad y contra toda ley, no contrae pecado ni comete desorden alguno, ¡aunque sea religioso, y aun sacerdote! ¿Dónde estamos, padres? ¿Son de verdad religiosos y sacerdotes los que hablan de este modo? ¿Son cristianos? ¿Son turcos? ¿Son hombres? ¿O son demonios? ¿Y son estos «los misterios revelados por el Cordero a su Compañía»? ¿O no son más bien abominaciones sugeridas por el Dragón a los que toman su partido?
Para ir al grano con vosotros, padres, ¿por quiénes queréis que se os tenga? ¿Por hijos del Evangelio o por enemigos del Evangelio? Tenéis que colocaros de un lado o del otro; porque aquí no hay término medio. «El que no está con Jesucristo está contra él». En estas dos clases se divide todo el género humano. Hay, según san Agustín, dos pueblos y dos mundos, esparcidos por toda la tierra. Está el mundo de los hijos de Dios, que forman un solo cuerpo, del cual Jesucristo es el rey y la cabeza; y está el mundo enemigo de Dios, del cual el diablo es el rey y la cabeza. Por eso Jesucristo es llamado Rey y Dios del mundo, porque tiene en todas partes sus súbditos y adoradores; y por eso también el diablo es llamado en la Escritura el príncipe de este mundo y el dios de este mundo, porque tiene en todas partes sus agentes y sus esclavos. Jesucristo ha impuesto a la Iglesia, que es su imperio, las leyes que, en su eterna sabiduría, quiso ordenar; y el diablo ha impuesto al mundo, que es su reino, las leyes que quiso establecer. Jesucristo ha unido la honra al sufrimiento; el diablo, al no sufrir. Jesucristo ha dicho a los que son heridos en una mejilla que vuelvan también la otra; y el diablo ha dicho a los que son amenazados con una bofetada que maten al hombre que quiera hacerles semejante injuria. Jesucristo declara dichosos a los que participan de su oprobio; y el diablo declara desdichados a los que yacen en la ignominia. Jesucristo dice: ¡Ay de vosotros cuando los hombres dijeren bien de vosotros!, y el diablo dice: ¡Ay de aquellos de quienes el mundo no habla con estima!
Juzgad, pues, padres, a cuál de estos reinos pertenecéis. Habéis oído el lenguaje de la ciudad de paz, la Jerusalén mística; y habéis oído el lenguaje de la ciudad de confusión, que la Escritura llama «la Sodoma espiritual». ¿Cuál de estos dos lenguajes entendéis? ¿Cuál de ellos habláis? Los que están del lado de Jesucristo tienen, como nos enseña san Pablo, el mismo sentir que hubo también en él; y los que son hijos del diablo—ex patre diabolo—, que ha sido homicida desde el principio, según la palabra de Jesucristo, siguen las máximas del diablo. Oigamos, pues, el lenguaje de vuestra escuela. Hago esta pregunta a vuestros doctores: Cuando alguien me ha dado una bofetada, ¿debo sufrir la injuria antes que matar al ofensor? ¿O no puedo matar al hombre para librarme de la afrenta? ¡Matadlo, sin duda; es del todo lícito!, exclaman a una voz Lessius, Molina, Escobar, Reginaldo, Filiutius, Baldelle y otros jesuitas. ¿Es ese el lenguaje de Jesucristo? Una pregunta más: ¿Perdería yo mi honra si tolerara un bofetón sin matar a quien me lo dio? «¿Puede caber duda», exclama Escobar, «de que, mientras un hombre deja vivir a otro que le ha dado una bofetada, ese hombre queda sin honra?». Sí, padres, sin esa honra que el diablo transfunde de su propio espíritu soberbio al de sus hijos soberbios. Esta es la honra que ha sido siempre el ídolo de los hombres mundanos. Por conservar esta falsa gloria, de la que el dios de este mundo es el dispensador apropiado, sacrifican su vida entregándose a la locura del duelo; su honra, exponiéndose a castigos ignominiosos; y su salvación, metiéndose en peligro de condenación, peligro que, según los cánones de la Iglesia, los priva incluso de sepultura cristiana. Tenemos motivo, sin embargo, para dar gracias a Dios por haber iluminado la mente de nuestro monarca con ideas mucho más puras que las de vuestra teología. Sus edictos, tan severos en esta materia, no han hecho del duelo un crimen; solo castigan el crimen que es inseparable del duelo. Ha contenido, con el temor de su rigurosa justicia, a los que no se refrenaban por el temor de la justicia de Dios; y su piedad le ha enseñado que la honra de los cristianos consiste en guardar los mandatos del cielo y las reglas del cristianismo, y no en perseguir ese fantasma que, por vano e inconsistente que sea, vosotros tenéis por una excusa legítima del homicidio. Siendo, pues, vuestras decisiones homicidas universalmente detestadas, os conviene mucho cambiar ahora de sentimientos, si no por principio religioso, al menos por motivos de prudencia. Prevenid, padres, con una condenación espontánea de estos dogmas inhumanos, las funestas consecuencias que pueden resultar de ellos, y de las que seréis responsables. Y para imprimir en vuestro ánimo un horror más profundo al homicidio, recordad que el primer crimen del hombre caído fue un homicidio, cometido en la persona del primer hombre santo; que el mayor crimen fue un homicidio, perpetrado en la persona del Rey de los santos; y que, de todos los crímenes, el homicidio es el único que envuelve en una ruina común a la Iglesia y al Estado, a la naturaleza y a la religión.
Acabo de ver la respuesta de vuestro apologista a mi Carta decimotercera; pero, si no tiene nada mejor que presentar a modo de réplica a esa carta, que deshace la mayor parte de sus objeciones, no merecerá contestación. Siento verlo apartarse continuamente de su tema para entregarse a injurias rencorosas contra los vivos y los muertos. Pero, para dar algún crédito a las historias que le habéis proporcionado, no debíais haberle hecho negar públicamente un hecho tan notorio como el de la bofetada de Compiègne. Es cierto, padres, por la declaración del agraviado, que recibió en la mejilla un golpe de mano de un jesuita; y todo lo que vuestros amigos han podido hacer por vosotros ha sido suscitar la duda de si recibió el golpe con el revés o con la palma de la mano, y discutir si un golpe en la mejilla con el revés de la mano puede llamarse propiamente bofetada. No sé a qué tribunal corresponde decidir este punto; pero me contentaré, entretanto, con creer que fue, por lo menos, una bofetada probable. Esto me deja con la conciencia segura.